09 octubre, 2006

La Casilla


Como introducción recomiendo leer este iluminador artículo de Pedro Ugarte.

Bajo su estímulo repaso la Constitución Española y observo que efectivamente en ningún lugar de la misma se indica que los partidos políticos, los sindicatos o la iglesia (las ONG por supuesto no están ni mencionadas) deban estar financiados por el estado. Respiro aliviado: el procedimiento legal para que dejen de estarlo se simplifica, lo puede hacer el parlamento sin más, modificando una docena de leyes.

La constitución sin embargo si habla de que los poderes públicos deben 'promover la cultura', nada menos que en su preámbulo (donde por cierto no se menciona directamente a ninguna de las otra organizaciones antes citadas) y varias veces más. ¿Qué será eso de la cultura? En fin....Por tanto parece inevitable, por el imperativo constitucional, que una parte de nuestros impuestos vaya sin remedio a una serie de fines muy poco definidos pero englobados en ese amplio concepto.

Debemos afrontarlo: además de para las carreteras, la sanidad, la educacíón, el patrimonio artístico y natural (estos dos últimos bastante físicos y mencionados expresamente) y otra serie de cosas bastante claras o más o menos discutibles; debemos pagar también impuestos incluso por entelequias, si la administración de turno (que puede ser la central o cualquier ayuntamiento) considera que tienen algunos visos de realidad. Sería tarea fácil, en la que no voy a caer por pereza y tristeza, buscar numerosos ejemplos.

Para levantar mi decaído ánimo ahora quiero llevar el ascua a mi sardina.

Bajemos de nuevo a la tierra y fijémonos para ello en ese fundamental documento que año a año tantos quebraderos de cabeza nos produce a los ciudadanos: la declaración del IRPF. Todos sabemos que consiste en un inextricable laberinto de argot y casillas que conducen inexorablemente hacia una final con la cifra mágica y el signo que indica si debemos aportar aún más o volverá algo. Todas las casillas hacen de una manera u otra referencia a ese final: si debemos pagar y cuanto. En lo que respecta a nuestros derechos y deberes es un documento completamente asimétrico.

¡Todas menos una! y precisamente la de la Iglesia. Solamente en ella decidimos sobre el gasto y sólo en un ridículo (a partir de ahora) 0.7% de lo que aportamos. Me parece bien, es más, me parece muy bien. Pero muy poco.

¿No sería acaso el colmo de lo democrático que, por un procedimiento similar al del resto del documento, pudiéramos decidir en que deseamos que se gasten nuestros impuestos? Casillas y más casillas eso es lo que deseo, pero dedicadas a definir el gasto no sólo al ingreso. Que duda cabe que sería complejo y agotador pero muy gratificante y, sobretodo, muy democrático.

Como entelequia esta si que no está mal: el pueblo soberano haciéndole los presupuestos al ministro de hacienda de turno.

Bajando de nuevo a la tierra me conformaría para empezar con que lo de la iglesia se vaya extendiendo paulatinamente a otros aspectos del gasto, creciendo en consonancia el porcentaje gestionado directamente por los propios contribuyentes. Un 5% sería un buen comienzo o lo de la cultura y lo destinado a las ONG.

Es una idea con muchas complicaciones para llevar adelante pero ya es hora de que al menos empecemos a hablar de ella.

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